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Sáb, 01/09/2016 - 10:31

Los peruanos desconfían de la minería pese al desarrollo económico

Desconfianza hacia las mineras extranjeras data de hace siglos
La historia de Perú ha estado estrechamente ligada a los metales y la minería y la desconfianza hacia las mineras extranjeras data de hace siglos. PHOTO: DADO GALDIERI/BLOOMBERG NEWS

Por John W. Miller y Ryan Dube
miércoles, 6 de enero de 2016 0:07 EDT

AREQUIPA, Perú—El auge de las materias primas impulsado por China ha sacado de la pobreza a Perú, el segundo exportador mundial de cobre, pero las empresas mineras dicen que es uno de los países más difíciles para los negocios.

La desconfianza hacia las mineras extranjeras tiene raíces profundas. Una docena de personas murieron en protestas contra las mineras en 2015.

Los economistas dicen que la minería ha sido clave para el robusto crecimiento económico de Perú durante el último decenio, al haber ayudado a reducir la pobreza de casi 60% en 2004 a 20% el año pasado.

Para los peruanos de clase baja y media, el panorama no es tan claro. La minería “no es buena, pero nos da dinero”, dice Daisy Araujo, de 28 años y madre de cuatro hijos. Su esposo trabaja en una mina de oro bajo tierra que queda a 12 horas de su casa y lo ve apenas unos días al mes.

La desconfianza hacia la minería data del siglo XVI, cuando los conquistadores españoles llegaron a las costas de Sudamérica impulsados por su codicia de oro y plata. Después de capturar al emperador inca Atahualpa, acordaron liberarlo a cambio de una habitación llena de oro y dos de plata. Atahualpa cumplió su parte del trato, pero los españoles se retractaron y mataron al líder inca.

Desde entonces, la volátil historia de Perú ha estado estrechamente vinculada a los metales y la minería. La región andina, rica en oro, plata, cobre y otros minerales, ha generado una amplia riqueza para gobiernos y empresas, pero también ha dado lugar al resentimiento, la rebelión y conflictos con la población indígena.

En el período colonial, los españoles exigían a las comunidades indígenas que enviaran una séptima parte de sus varones en edad de trabajar a las minas durante un año. En algunos casos, según historiadores, los hombres eran sacados de sus comunidades y forzados a caminar durante meses a través de cientos de kilómetros de terreno montañoso para llegar a las minas.

Eso de tener que ir a trabajar a las minas era algo muy resentido por la población indígena”, dice Carlos Contreras, historiador de la Pontificia Universidad Católica del Perú. “Les molestaba mucho tener que pagar eso tipo de impuestos que los llevaron tan lejos de sus hogares.”

La rebelión indígena del siglo XVIII en la antigua capital incaica de Cuzco, liderada por un descendiente de los incas José Gabriel Condorcanqui, llamado Túpac Amaru, fue motivada en parte por reclamos para poner fin al sistema de trabajo forzado.

El comienzo de la minería moderna en Perú puede ser rastreado hasta principios del siglo XX, cuando mineras estadounidenses, como Cerro de Pasco Corporation, empezaron a comprar pequeñas empresas del sector y a desarrollar grandes y modernas operaciones. Si bien la plata fue el principal mineral durante la colonia, el cobre, utilizado en tuberías y cables, adquirió mayor relevancia con la llegada de compañías estadounidenses y la revolución industrial.

Para albergar a los trabajadores, las firmas estadounidenses construyeron aldeas a grandes altitudes en la Cordillera de los Andes, donde los indígenas de habla quechua aprendieron sobre el capitalismo moderno y a hablar español.

No obstante, la propiedad extranjera de los recursos naturales del país también provocó resentimiento, llevando a la expropiación de minas de empresas estadounidenses por parte del dictador militar de izquierda Juan Velasco Alvarado, quien gobernó el país entre 1968 y 1975.

“Por un lado eran lugares queridos porque eran lugares de trabajo y riqueza”, dice Contreras sobre las minas de propiedad extranjera. “Pero por otro lado odiados. Pensaban que era riqueza que no disfrutaban los peruanos como deberían disfrutarla”.

El Estado operó las mayores minas de Perú hasta los años 90, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori abrió la economía a la inversión foránea y privatizó compañías estatales. Las políticas favorables para el sector empresarial atrajeron a inversionistas extranjeros como Newmont Mining Corp., con sede en Denver, que adquirió una participación mayoritaria en la mina de oro Yanacocha, y la china Shougang Hierro Perú, que compró el proyecto de mineral de oro Marcona.

Sin embargo, el reciente auge minero, al igual que en el pasado, también ha encendido la mecha de conflictos, esta vez por preocupaciones medioambientales y la distribución de los beneficios económicos. Comunidades rurales se han opuesto a varias minas de gran escala, lo que ha llevado a Newmont y Southern Copper Corp. a archivar proyectos pese a contar con la aprobación del gobierno.

Alrededor de Arequipa, la expansión de Cerro Verde, de la estadounidense Freeport-McMoRan, ha posibilitado una vida de clase media a miles de peruanos, pero también ha generado quejas de que la empresa necesita distribuir más dinero y empleos.

El ingeniero eléctrico Harold Lafont, de 33 años, dice que la compañía lo contrató en 2005, al graduarse de la universidad, para hacer una pasantía. Recibió una evaluación positiva, lo que llevó a un puesto de tiempo completo en 2011. No gana mucho más de lo que Freeport dice que es un salario anual promedio de US$30.000, pero le ha permitido tener un apartamento, un auto y una buena vida para su esposa y su hijo de 2 años. “Son tiempos difíciles en el negocio de la minería, así que soy muy afortunado”, cuenta. “Cerro Verde es una compañía que hace las cosas bien y gasta el dinero que toma”.

Cerro Verde en general ha recibido altas calificaciones por sus políticas laborales en Perú. “Todos saben que tiene los mejores trabajos, por lo que los niños de los barrios pobres hablan de ser ingenieros de minas”, señala Alison Schmierer, una estadounidense que dirige un programa escolar sin fines de lucro para chicos de escasos recursos. “Desafortunadamente, necesitan capacitación para eso, y eso no siempre está disponible”.

La iglesia también puede jugar un papel decisivo en Perú. Freeport ha cortejado y recibido el apoyo del arzobispo local, Javier del Río Alba. “Están pagando impuestos, y contratando localmente, así que no tengo objeción”, dijo Del Río Alba en una entrevista, agregando que la empresa ha contribuido dinero a programas sociales que él apoya. En otras partes de Perú, clérigos han liderado la oposición a la minería.

Araujo es una de las decenas de miles de personas que viven en los barrios pobres cerca de Cerro Verde. Tiene sentimientos encontrados acerca de la mina y desea que su marido pudiera trabajar allí, pero él no está suficientemente calificado.

En 2010, con la esperanza de apaciguar protestas y obtener respaldo, Freeport les envió a Araujo y sus vecinos regalos de Navidad. Ella recuerda balones de fútbol para los niños y muñecas Barbie para las niñas.

Freeport afirma que tiene una tradición de enviar regalos de Navidad a los niños del área y que también patrocina programa educativos.

La compañía también acordó construir una planta municipal de tratamiento de agua, contribuir a un fondo comunitario y financiar decenas de proyectos más pequeños.

Araujo dice que su postura sobre la gran mina cerca de su casa sigue siendo ambivalente y que no quiere que sus hijos trabajen en la minería a menos que sean jefes o ingenieros.

En la Asociación de Cerro Verde, un barrio más acaudalado cercano a la mina, los residentes tienen opiniones contrapuestas.

“Tenemos una buena relación con la mina, y es buena para nuestra prosperidad”, afirma Augustín Manchego, de 70 años y ex concejal cuyos hijos trabajan para Freeport. “Pero hace que todo esté lleno de polvo, tengo que lavar mi auto cada dos días, y a veces huele a huevo podrido”.

Teodore Juan Manrique, un inspector municipal de transporte, dice que el tráfico de la mina ha provocado “caos”. Además, Freeport rechazó su pedido de financiamiento para arreglar la escuela de sus hijos.

Debido a que Freeport ha pagado por tantas cosas, y porque sus residentes confían en que la empresa cumpla, “ha reemplazado al gobierno como el proveedor a los ojos de muchos”, dice Julia Torreblanca, vicepresidenta de Cerro Verde. “Pero obviamente, no podemos pagar por todo”.

Freeport ha intentado contratar tantas personas como sea posible que residan en las inmediaciones de la mina. “Pero tienen que estar calificados, queremos a los mejores de los mejores”, agrega. “Y si hubiera problemas laborales, no queremos un montón de trabajadores descontentos que viven al lado de la mina”.

Fuente consultada / The Wall Street Journal Americas en Español - lat.wsj.com/articles

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